A tres años de su acusación federal, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente Mark Rossini se declararán culpables en un solo cargo por delito menos grave.

Este viernes, la Fiscalía federal y la defensa de los acusados presentaron ante la jueza de distrito Silvia L. Carreño Coll una moción en la que detallan el acuerdo alcanzado para evitar el juicio por corrupción.

“Los acuerdos contemplan declaraciones de culpabilidad por delitos menores”, dice la moción que se presentó en respuesta a una orden que emitió la jueza solicitando más información sobre el acuerdo.

En una nota al calce en la moción de cinco páginas, las partes revelaron que el cargo se relaciona con la disposición 52 U.S.C. § 30121 del Código de los Estados Unidos, que prohíbe donaciones de extranjeros en elecciones estadounidenses.

Esta ley es parte del Federal Election Campaign Act (FECA), una legislación clave en la regulación del financiamiento de campañas en Estados Unidos.

“Las denuncias directas (information) contendrá un cargo por violación menos grave de 52 U.S.C. § 30121 (Donativo por parte de un Nacional Extranjero) y § 30109(d)(1)(A)(ii) (Penas)”, especifica la moción en su página dos.

A grandes rasgos, esta disposición prohíbe que personas extranjeras contribuyan, donen o gasten dinero en elecciones estadounidenses, y también prohíbe que cualquier persona (incluso ciudadana estadounidense) solicite o acepte tales contribuciones.

Esto significa que la ley prohíbe que un ciudadano extranjero —como es el caso de Herrera Velutini, de nacionalidad venezolana— realice contribuciones a campañas políticas en Estados Unidos, como presuntamente ocurrió en el caso de la exgobernadora.

La mencionada ley federal es clara al establecer que un nacional extranjero tiene prohibido hacer una contribución directa o indirecta de dinero o cosas de valor a un candidato, comité político o partido.

Además, también está prohibido que una persona solicite, acepte o reciba una contribución o donación de un extranjero para fines electorales.

De otro lado, Vázquez Garced -al igual que los otros dos coacusados- busca hacer su alegación de culpabilidad mediante una videoconferencia, lo que le permitiría evitar acudir presencialmente al Tribunal federal.

Según la moción, Herrera Velutini y Rossini están fuera del país y solicitaron que se les permita comparecer mediante videoconferencia para la audiencia de lectura de cargos y declaración de culpabilidad.

“La acusada Vázquez también acepta comparecer de manera virtual para que todos los acusados comparezcan el mismo día. Todos los acusados presentarán el consentimiento escrito requerido”, indica la moción, cuya copia obtuvo El Nuevo Día.

Los acusados también informaron que están disponibles los días 30 de junio y 1 de julio para presentar sus declaraciones de culpabilidad conforme a los acuerdos. Mientras, la Fiscalía federal informó que está disponible según lo disponga el Tribunal.

“Las partes han llegado a un acuerdo sobre declaraciones de culpabilidad que resolverían el presente caso”, indicaron la fiscalía y la defensa de las partes, de forma conjunta, en dicha moción.

El lunes, las partes confirmaron que habían alcanzado un acuerdo para declararse culpables. El anuncio surgió a días de una reunión con altos funcionarios del Departamento de Justicia federal, en Washington D.C.

En agosto de 2022, un gran jurado emitió una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos.

En resumen, todos los acusados enfrentan cargos por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos. Sin embargo, Herrera Velutini también enfrenta cargos que se relacionan con un esquema de soborno distinto.

De concretarse la alegación de culpabilidad, estos siete cargos imputados se reducirían a uno solo por violentar la ley federal que prohíbe donaciones de extranjeros en procesos eleccionarios.

Presuntamente, Vázquez Garced; Herrera Velutini, propietario de Bancrédito; Rossini, consultor profesional; y otras personas no acusadas formalmente participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora presuntamente reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, por una persona elegida por Herrera Velutini a cambio de contribuciones políticas y servicios de consultoría, según el documento judicial.

Este cambio de personal supuestamente ocurrió luego de investigaciones de la OCIF sobre posibles violaciones regulatorias por parte de Bancrédito.

Tras ser arrestados, los tres acusados habían hecho previamente alegación de no culpabilidad.

De hecho, el 4 de agosto de 2022, al salir del tribunal, Vázquez Garced declaró a la prensa que se estaba cometiendo “una gran injusticia”. “Reitero ante mi pueblo y ante todos ustedes que soy inocente”, dijo.

“Han cometido una gran justicia y mis abogados trabajarán con eso... No puedo hablar sobre los hechos”, agregó la exmandataria, quien argumentó que no vio la conferencia de prensa de las autoridades federales, celebrada ese día más temprano.

Al igual que hizo hace meses, cuando se comentaba que sería arrestada, Vázquez Garced se reafirmó en su inocencia. “No he cometido delito alguno, ninguna irregularidad. A mi pueblo siempre le he hablado de frente, y ahora me toca defenderme de lo que han hecho. Pero les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo en esta radicación de cargos”, afirmó.

En cambio, se declararon culpables –por separado y cooperan con las autoridades– John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced, y Frances Díaz, quien trabajó como ejecutiva en Bancrédito. Blakeman y Díaz son pareja.