Al justificar que se vieron "obligados a cumplir” con la entrega de datos de conductores sin estatus migratorio definido a las autoridades federales, la gobernadora Jenniffer González alegó este viernes que desconocía de este requerimiento de información hasta esta semana y respondió que la decisión estuvo bajo manos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

“Me entero hace poco por la discusión pública, pero es el trámite ordinario que muchas de estas agencias. (...) El DTOP lo ejecutó”, sostuvo González desde La Fortaleza, al responder si esa solicitud federal -enviada el 26 de enero, día en el que se procedió con la primera redada más grande del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en San Juan- había llegado a sus oídos.

“Es una orden que tiene validez legal, en la que se le entrega al gobierno de Puerto Rico y nosotros estamos obligados a cumplir con esto. Puerto Rico está haciendo lo que es absolutamente requerido y obligado por la ley federal”, abundó en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, alegó que estaban en riesgo “$178 millones al año” de fondos federales para carreteras si no colaboraban con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), adscrita a ICE, tras las directrices de la Casa Blanca de priorizar las deportaciones.

“Nosotros no tenemos manera de decirle al gobierno federal ‘no te voy a dar la información de las personas que están legalmente capacitadas para conducir en carreteras federales en Puerto Rico’. El sistema de licencias se pagó con fondos federales y las carreteras que se pagan con fondos federales; así que eso no iba a aguantar ningún tipo de escrutinio en ninguna rama”, dijo la gobernadora para explicar la agencia no se allanó al requerimiento (“subpoena”) de ICE.

González reveló que el DTOP entregó los datos el 29 de enero tras un requerimiento de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), documento que no ha compartido con este diario porque se trata de una hoja “confidencial”.

“En las gestiones del gobierno no hay miedo. Hay acciones y consecuencias. Tienes una orden federal - una ‘subpoena’- requiriéndoles la información a una agencia de gobierno que recibe fondos federales. En este caso, se ha hecho un requerimiento de personas que están de manera ilegal en Puerto Rico y la ilegalidad de la ley de inmigración no la define el gobierno de Puerto Rico”, abundó en la defensa de la gestión de los funcionarios del DTOP, a preguntas sobre si la entrega se debió al temor de perder más fondos federales.

En tanto, González sostuvo que su secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, “estaba equivocado” luego que este diera a entender, el jueves, que la primera ejecutiva sabía del requerimiento.

“Cuando son asuntos de esta seriedad, obviamente, se tiene que mantener informado a la gobernadora”, dijo, en conferencia de prensa, Torres Montalvo.

A pesar de que El Nuevo Día preguntó el 13 de febrero si habían recibido “peticiones de información de ICE sobre conductores sin estatus migratorio (regular)”, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, se limitó a responder, en declaraciones escritas el 14 de febrero, que: “El DTOP maneja la información de manera responsable y conforme a las leyes aplicables. Reiteramos que la agencia no tiene acuerdos de colaboración con ninguna entidad externa y seguimos operan do dentro del marco normativo vigente”.

En ese momento, omitió compartir que ICE ya había hecho la petición formal de datos e, incluso, que habían suministrado la lista de más de 6,000 conductores más de dos semanas antes de la solicitud de este diario. No fue hasta este lunes que HSI reveló, en entrevista con National Public Radio (NPR), que habían solicitado esos datos.

“Estamos en constante comunicación con el DTOP para continuar el intercambio de información”, estableció, el miércoles, la directora de HSI en San Juan, Rebecca González Ramos, en declaraciones escritas.

Al señalarle que DTOP ocultó a El Nuevo Día la información sobre el requerimiento, González se limitó a responder: “esa pregunta se la van a hacer a él (González Montalvo) porque él es el que ha emitido esas declaraciones y él que ha contestado los requerimientos”.

Luego que trascendiera la fecha de entrega de los datos, González Montalvo nuevamente declaró que “este tipo de solicitudes exige un manejo confidencial y riguroso de la información, como parte de nuestras responsabilidades legales”.

“Es importante aclarar que el DTOP no participa en operaciones de arresto, investigación o detención de personas. Tampoco compartimos información de manera voluntaria con fines migratorios. La información brindada fue limitada a lo estrictamente requerido y se manejó exclusivamente dentro de un marco técnico, administrativo y legal, y fue suministrada el 29 de enero. Desde entonces no se ha compartido más información“, dijo el secretario del DTOP.

Por otra parte, la gobernadora compartió que, “bajo mi conocimiento”, ninguna otra agencia local ha recibido un ‘subpoena’ de ICE por el momento e insistió que no han firmado ningún acuerdo de colaboración. Tanto el comisionado de la Policía, Joseph González, como el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, respondieron a El Nuevo Día, por separado, que no han recibido este tipo de solicitud federal.

Previo a la conferencia de prensa, González publicó un mensaje en redes sociales para justificar las acciones de su gobierno.

“Reconozco el rol que las comunidades inmigrantes tienen en nuestra fibra cultural y las contribuciones importantes que hacen a nuestra economía.Pero la realidad es que no podemos escoger cuáles leyes vamos a cumplir y cuáles no y las leyes de inmigración federal son mandatorias y aplican a Puerto Ricode la misma manera y con la misma fuerza que las leyes de seguro social, Medicaid y las que protegen nuestros derechos civiles”, puntualizó.

Por su parte, Yineyri Castillo Arias, presidenta de la Comisión sobre los Derechos de las y los Inmigrantes, expresó su rechazo a la entrega de datos.

“Aunque esta preocupación no es nueva, ya que desde hace meses hemos venido advirtiendo sobre los riesgos asociados y orientando a nuestras comunidades, lo que sí marca un grave precedente es la confirmación de que esta divulgación fue autorizada de forma voluntaria por el propio Estado”, comentó.

En declaraciones escritas, Castillo Arias hizo un llamado urgente al gobierno “para que garantice el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales de la población inmigrante, y para que establezca protocolos claros en todas las agencias gubernamentales que impidan la divulgación no autorizada de información confidencial”.

Además, exigió la suspensión inmediata de esta práctica y solicitó que se emita una orden formal que prohíba su repetición por cualquier otra agencia.

“La protección de los datos personales no debe ser selectiva: es un deber del Estado hacia todas las personas, sin importar su estatus migratorio. Seguiremos vigilantes y activos en la defensa de los derechos de las comunidades que representamos”, concluyó Castillo Arias.

En los últimos cinco años, más de 5,000 personas sin estatus definido en la isla solicitaron la licencia de conducir, un beneficio que se puso en marcha, en 2013, tras la promulgación de la Ley 97, firmada por el entonces gobernador, Alejandro García Padilla.

Precisamente, García Padilla despotricó contra el gobierno por entregar la información.

“Es gente mala la que entregó la lista, de los peores de la humanidad porque no tenían que entregarla.Los que entregaron la lista y los que autorizaron la lista son unos arrodillaos (...) ¡Están entregando seres humanos! ¿Cómo car*** van a misa el domingo? (...) ¿Cómo duermen?“, expresó en el programa Primera Pregunta, de Telemundo.